La Justicia en el Ecuador esta en manos de la mafia correista. Así lo afirman diferentes líderes políticos, juristas y ex presidentes.
Los defensores de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa dieron un ultimatum a la jueza nacional Lucy Blacio, la jueza que llegó a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador gracias a una viciada asignación de falsos puntajes respaldados por el correismo, para forzar su elección.
Ayer, en una rueda de prensa, exigieron que se pronuncie sobre las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, Julio César Sarango, defensor de Jiménez y Villavicencio y Milton Castillo, abogado de Figueroa, anunciaron que la única responsable de acatar y aplicar las medidas cautelares es la jueza.
Según Castillo, la jueza Blasio deberá responder civil y penalmente en caso de no acatar lo dispuesto por la CIDH. Las medidas otorgadas por este organismo, explica Castillo, son vinculantes, y aplicables bajo todos los parámetros jurídicos y legales.
Los tres abogados informaron que el 30 de Marzo presentaron un pedido a la jueza para que se pronuncie sobre la resolución. Sin embargo, el miércoles anterior Blacio remitió el pedido al presidente Rafael Correa, para que sea él quien responda.
Hoy se cumple el plazo de tres días que le dió la jueza para que envíe a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia un texto con su pronunciamiento.
Eso, según los defensores, «es una evidencia de que la magistrada responde a pedidos que vienen desde el Ejecutivo». “Ella es independiente, -dijo Alarcón- y no puede pedir criterio a la otra parte para aplicar una medida”. La corrupcion esta demostrada a lo largo y ancho de todas las gestiones del gobierno.
Según él, con esas acciones se está confundiendo las funciones de los jueces con las del presidente. “A la única que le compete pronunciarse sobre el tema es a la jueza, y no al Canciller ni al Secretario de la Administración Pública”. La mafia ecuatoriana esta convencida que «todos son uno» y «uno son todos».
Los tres abogados por otra parte no descartaron la posibilidad de pedir en la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, y la destitución de Blacio, por desacato. Esto, si vence el plazo que otorgó la CIDH para el cumplimiento de las medidas cautelares, y la suspensión de la ejecución de la sentencia.
Sarango aseguró que no van pedir disculpas al Presidente. “Ellos mismo han montado una telaraña. Dicen que quieren darle indulto, amnistía, perdón, -dijo el abogado, refiriéndose a las declaraciones que han hecho algunos funcionarios de Alianza País-. No vamos a aceptar nada de eso. Si quieren que el Presidente se beneficie con esta denuncia, lo único que nos queda es reunir los $140 mil y entregarlos en el Palacio de Carondelet”.
El presidente Correa anunció ayer en un conversatorio con los medios de comunicación en el cantón Paján, que lamenta las declaraciones de Alexis Mera en las que aseguraba que si el asambleísta pide disculpas, él mismo intercedería con Correa para que lo perdone. Dijo que si eso llega a suceder tampoco aceptaría las disculpas. “El tipo tiene que pagar su mentira junto a Villavicencio y Figueroa como exige la ley ecuatoriana”. También calificó como una novelería la resolución de la CIDH. “Ecuador no tiene por qué acoger novelerías y caprichos de una burocracia internacional… por lo menos 15 países no han acatado sus medidas”.
Pachakútik ratificó su apoyo a Jiménez
Respaldar y apoyar a Jiménez, presentar a las nuevas autoridades electas, compartir las experencias de los gobiernos provinciales, y participar en las presidenciales del 2017, fueron entreo otros los temas tratados ayer en la sede de Pachakútik en Quito.
Alrededor de 400 personas de los pueblos Cayambis, Otavalos, Shuar, Achuar, Saraguros, Quitucaras, Cañaris y Quichuas de la Sierra Norte y de la Amazonía asistieron al encuentro.
Según Fanny Campos, coordinadora nacional de Pachakútik, el partido logró conseguir 719 autoridades en todas las dignidades elegidas el pasado de 23 de febrero. Durante el encuentro se planteó determinar las estrategias y políticas públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.
El movimiento indígena considera que este objetivo se alcanzaría con la toma del poder nacional de forma democrática. En ese sentido, reafirman su posición de distancia con el gobierno. Para Salvador Quishpe, prefecto reelecto de Zamora Chinchipe, eso servirá para defender la voz del pueblo, y para cumplir las necesidad que demandan.
Durante el encuentro que duró más de ocho horas, se ratificó el apoyo que el movimiento brinda a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, y Carlos Figueroa. según Campos, si el Gobierno no cumple las medidas cautelares, realizarán acciones judiciales y legislativas a nivel nacional e internacional. Anunciaron también que, la campaña «Un dólar por la libertad», «todos somos Cléver Jiménez», a favor del asambleísta perseguido por la pandilla correista, recorrerá todo el país en las próximas semanas.
Ecuador esta presto a defender a Jiménez
por sus actos patrióticos y por las graves y numerosas denuncias presentadas contra Rafael Correa y su aparato de gobierno.