El Gobierno de Estados Unidos negó ayer de nuevo tener que ver con supuestos complots denunciados por Venezuela e insistió en que no cree conveniente imponer sanciones al Ejecutivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como le piden desde el Congreso.
Tras aprobarse este miércoles en el pleno de la Cámara de Representantes un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del núcleo de poder venezolano supuestamente vinculados con la violación de derechos humanos, la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se mostró contraria a esa medida.
Jacobson, como ya hizo recientemente ante los mismos congresistas que impulsan las sanciones, dijo que en Venezuela hay en marcha un diálogo nacional al que hay que dar tiempo para que fructifique.
En una rueda de prensa en Washington, la funcionaria recordó que la ley permite al Gobierno del mandatario de EE.UU., Barack Obama, imponer sanciones sin necesidad de nuevas leyes del Congreso e insistió en que no cree que sea el momento para hacer uso de esa herramienta.
Jacobson, no obstante, rehusó responder si Obama vetaría la ley en caso de que la versión que maneja el Senado y la ya aprobada por la Cámara baja se armonizaran en un único texto, para cuya entrada en vigor solo sería necesaria la firma del mandatario.
La subsecretaria de Estado para Latinoamérica insistió en que las sanciones a un país deben ser consideradas «una herramienta y no un fin» y advirtió de que, aunque estancado, el diálogo auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano debe ser un vehículo que se agote antes de interferir de otro modo.
«Lo que está pasando ahora en Venezuela no tiene que ver con la relación bilateral (con Estados Unidos), tiene que ver con los propios venezolanos», subrayó Jacobson ante las acusaciones vertidas por Maduro de presuntos complots del Gobierno de EE.UU. contra él.
También la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, volvió a rechazar categóricamente las acusaciones de que el Gobierno estadounidense haya participado en una presunta trama para ayudar a la exdiputada opositora María Corina Machado a trazar planes de golpe de Estado, como aseguran las autoridades venezolanas.
El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dirigente nacional del Partido Socialista (PSUV), dijo el miércoles en rueda de prensa que habían desmantelado un intento de «magnicidio» y un «golpe militar» en el que involucró a la opositora y a un diplomático estadounidense.
«Absolutamente no», contestó Psaki en su rueda de prensa diaria en referencia a las acusaciones del Gobierno de Venezuela de que el nuevo embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, está ayudando a Machado a orquestar un golpe de Estado.
«Esas acusaciones son totalmente falsas e infundadas», enfatizó la portavoz, al tiempo que insistió en que el Gobierno venezolano trata de «distraer de sus propias acciones» acusando a EE.UU. o a otros países de los sucesos que ocurren en ese país.
El texto legislativo aprobado el miércoles por la Cámara baja estadounidense pretende sancionar a los funcionarios del Gobierno venezolano supuestamente vinculados con la violación de derechos humanos en las protestas que vive Venezuela desde el pasado febrero.
La propuesta prohibiría la entrada a territorio estadounidense a una serie de individuos supuestamente relacionados con la represión de las manifestaciones estudiantiles en Venezuela y congelaría sus activos en Estados Unidos.
En respuesta, el canciller venezolano dijo ayer que este proyecto de ley evidencia la injerencia de sectores políticos de EE.UU. en los asuntos internos de Venezuela y reiteró que se trata de una medida «ilegal».
Venezuela vive protestas contra el Gobierno Estadounidense desde hace más de tres meses que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de ochocientos de heridos y centenares de detenidos.
Caracas.- El canciller de la República, Elías Jaua, firmó nueve acuerdos de cooperación binacional con la Federación Rusa para afianzar la alianza estratégica entre ambas naciones y fortalecer áreas sociales y productivas como la salud y la industria. Así lo destacó este viernes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante un encuentro con líderes sociales de las grandes misiones, así como gobernadores y alcaldes, en el Taller del Sistema Nacional de Misiones, realizado en la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, en Caracas.
El mandatario nacional destacó que el primer acuerdo prevé «incrementar las acciones conjuntas entre el Servicio Federal de Control de Drogas y Tráfico en Rusia con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz».
El segundo acuerdo de trabajo conjunto, resaltó, permitirá las inversiones conjuntas para el desarrollo del gas en Venezuela a través del trabajo en campos petrolíferos como Bachaquero Lago, en el Zulia, que asumirá la Corporación Venezolana de Petróleo, destacó AVN.
En el área de la salud se firmó un acuerdo que favorecerá al Ministerio para la Salud en Venezuela y la Corporación de Exportación de la República autónoma rusa de Tartaristán, «para colaborar en lo que tiene que ver con (suministro de) medicamentos, investigaciones farmacéuticas y fortalecimiento de todo el área de salud».
El cuarto acuerdo destacado por el jefe de Estado permitirá «instalar en Venezuela una nueva fábrica para la producción de cabillas y mallas galvanizadas electro-soldadas para la Gran Misión Vivienda Venezuela».
Todos los acuerdos fueron suscritos luego de finalizada la X Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (Cian) Venezuela-Rusia, realizado en Moscú.
¿Se estarán durmiendo los norteamericanos, o solo se hacen los tontos?