El pasado 20 de junio, la defensa de la Profesora "Mery Zamora", ex-asambleista y activista política ecuatoriana, entregó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "una denuncia contra el Estado Ecuatoriano" a través de "Alfonso Luz Yunez", actual Presidente del Consejo Supremo de la Abogacía Ecuatoriana. En la denuncia, se afirma que: “el Estado viene siendo utilizado, y particularmente su poder, por un grupo político que, irrespeta todo Tratado Internacional de Derechos Humanos, e interpreta la Constitución nacional como le apetece”; esto ante la insistencia del Estado Ecuatoriano, que acusa la defensa de Zamora, en condenarla a 8 años de prisión por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo.
Según Luis Villacis Maldonado, Director Nacional del MPD, "la persecución política", "el linchamiento mediático" y "la violación a los derechos humanos" de la profesora Mery Zamora, siguen siendo vulnerados a pesar de existir una declaratoria de inocencia de la Corte Nacional de Justicia.
El dirigente emepedista calificó de absurdo jurídico la “acción de protección extraordinaria” contra la inocencia de Mery Zamora, presentada por el Fiscal General Galo Chiriboga, pariente del presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, y considera que se supondría a favor del Estado, esto porque supuestamente se han violado derechos humanos.
Villacís cuestionó: ¿derechos humanos de quien? si Mery Zamora es la mayor afectada. Sabemos que en el Ecuador no existe justicia independiente, sino al servicio del Ejecutivo, afirmó, para eso pruebas al canto: “en la sabatina del 14 de junio, el Presidente Rafael Correa exhortó a la Fiscalía a que “reaccione” y presente “una queja” ante la Corte Nacional de Justicia por la sentencia que absolvió a Zamora”.
Según Villacis, no solo es una aberración jurídica, sino una muestra del más "repugnante servilismo" que yéndose contra la ley, la Constitución y la lógica, presenta cualquier recurso para complacer los caprichos de quien concentra los poderes del Estado, al parecer, sus acusadores no han leído la Constitución, peor el art. 82 en el cual se establece: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
Finalmente, Villacis saludó el esfuerzo de los abogados "que han asumido con valentía la defensa de los derechos humanos", a esto, asegura, "se suma el descontento del pueblo ecuatoriano ante la prepotencia y autoritarismo del régimen", "indígenas, campesinos, organizaciones sociales toman fuerza para la defensa de sus derechos; Mery Zamora, Clever Jiménez y todos los presos y perseguidos políticos, son un vital ejemplo para perder el miedo, agregó.