La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló las consecuencias del juicio en Estados Unidos entre el país trasandino y los llamados “fondos buitres”, y pone en alerta a Argentina que la deuda puede subir a US$ 100.000 millones
Un “fondo buitre” es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la quiebra.
De acuerdo con el periodista Alcadio Oña, el modus operandi de los fondos buitre consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal, (de su valor facial), y luego pleitear o «apretar» por el pago del 100% de este valor. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitre compran títulos de deuda de los países en una situación económica dificil, a precio basura, para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.
Como marco de fondo debe recordarse que, el 10 de marzo de 1989, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Nicholas Brady, modificó la política de este país respecto a la deuda internacional. Bajo la nueva política, conocida como “el Plan Brady”, se instó a los prestamistas para que, de manera voluntaria, condonaran parte de la deuda no atendida por los países menos desarrollados, reestructurando el saldo de la deuda que quedaba pendiente de pago, y otorgar así préstamos adicionales a esos países.
Argentina depositó US$ 1.000 millones para honrar el vencimiento de la deuda reestructurada, mientras lanza una fuerte campaña en diarios europeos, criticando la sentencia de EE.UU. sobre su deuda.
La CEPAL alertó este jueves que la deuda pública argentina puede crecer en US$100.000 millones de dólares debido a las consecuencias del juicio en Estados Unidos entre ese país y los llamados “fondos buitres”.
“A título comparativo, la deuda pública argentina denominada en moneda extranjera, con acreedores privados y organismos internacionales de crédito, asciende a US$79.000 millones de dólares”, dijo la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena.
“Las obligaciones emanadas de los holdouts litigantes, (tenedores del uno por ciento de los títulos de deuda que entraron en cesación de pagos en 2001), podrían rápidamente extenderse al resto” de los tenedores de deuda, explicó la funcionaria.
Bárcena explicó que el acatamiento de este fallo puede activar de hecho la cláusula RUFO, (Rights Upon Future Offers), que compele a Argentina a equiparar las condiciones de pago a todos los tenedores de deuda, incluidos los que aceptaron renegociar.
En ese contexto, Bárcena criticó a los llamados “fondos buitres” y pidió establecer mecanismos globales para resolver los conflictos entre los países y estos inversionistas, que en Argentina, no aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno.
“Se necesita diseñar un mecanismo de reestructuración de deuda que tenga en cuenta las condiciones de los deudores”, subrayó la secretaria ejecutiva de Cepal.
La funcionaria, tras denunciar las profundas inequidades del sistema financiero internacional, dijo que el pago del servicio de la deuda debería “depender, por lo menos en parte, de condiciones macroeconómicas contingentes”.
En ese sentido, cuestionó “el poder desmesurado (…) del mundo de la finanzas por sobre el del trabajo y la producción”.
En ese marco, alertó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos constituye un riesgo, en referencia al dictamen de ese tribunal que obliga a Argentina a pagar el total de lo adeudado, a los fondos que no aceptaron la reestructuración de la deuda que entró en default en 2001.
“Dicha decisión no solo dificulta -o, quizás, imposibilite- que Argentina continúe con el pago del servicio de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional”, recalcó Bárcena.
La secretaria ejecutiva de Cepal agregó que la resolución judicial incluso “constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana en el futuro”.
“Es en este sentido que emerge la necesidad de establecer un mecanismo internacional que permita resolver los conflictos de intereses suscitados por defaults soberanos tal como vienen planteando los organismos internacionales”, concluyó.